Causas, protagonistas y consecuencias de la Guerra Cristera

Entre 1926 y 1929, México vivió una guerra civil que enfrentó al Gobierno federal con miles de católicos levantados en armas. El conflicto es conocido como Guerra Cristera, Cristiada o Rebelión Cristera, debido al grito utilizado por muchos de los combatientes:

“¡Viva Cristo Rey!”

Aunque suele resumirse como una guerra entre la Iglesia católica y el Estado mexicano, la realidad fue mucho más compleja. En ella participaron el Gobierno federal, autoridades estatales, soldados, campesinos, sacerdotes, organizaciones de laicos, mujeres, diplomáticos extranjeros y comunidades enteras.

El centenario de 1926 no debe utilizarse para glorificar una guerra ni para justificar los abusos cometidos por ningún bando. Debe servir para recordar lo que puede suceder cuando el Estado abandona la neutralidad religiosa y comienza a controlar, castigar o perseguir la conciencia de sus ciudadanos.

El conflicto no comenzó en 1926

La Guerra Cristera fue el resultado de una disputa entre la Iglesia y el Estado que se había desarrollado durante décadas.

Desde el siglo XIX, dirigentes liberales mexicanos habían intentado reducir el enorme poder económico, político y social que la Iglesia católica había acumulado desde la época colonial. Las Leyes de Reforma, la separación entre Iglesia y Estado y la nacionalización de propiedades eclesiásticas formaron parte de ese proceso.

Después de la Revolución mexicana, los nuevos gobernantes consideraban que la Iglesia continuaba siendo una institución rival, capaz de movilizar a millones de personas y de oponerse al proyecto revolucionario.

Por otra parte, muchos católicos entendían que el Estado no se estaba limitando a separar la religión del Gobierno, sino que pretendía expulsarla de la educación, restringirla al interior de los templos y someter el ministerio religioso a la autorización de funcionarios civiles.

Así, detrás de la guerra existían dos proyectos de nación:

El Gobierno revolucionario buscaba construir un Estado secular, nacionalista y centralizado, libre de la influencia política del clero. Los católicos organizados defendían el derecho de la Iglesia y de las familias a educar, reunirse, predicar y practicar públicamente su religión. En ciertos sectores católicos también existía el deseo de conservar o recuperar influencia social y política.

La Constitución de 1917 y el control estatal de la religión

La Constitución mexicana de 1917 reconocía que el Congreso no podía establecer ni prohibir una religión determinada. Sin embargo, el mismo texto incluyó severas restricciones contra las iglesias y sus ministros.

El artículo 130 original:

• Negaba personalidad jurídica a las iglesias.
• Permitía a las legislaturas estatales determinar el número máximo de ministros religiosos.
• Exigía que los ministros fueran mexicanos por nacimiento.
• Prohibía a los ministros criticar públicamente al Gobierno o las leyes.
• Les negaba el derecho al voto y a la asociación política.
• Exigía autorización gubernamental para abrir nuevos templos.
• Restringía las publicaciones religiosas que hablaran de asuntos políticos.

Además, otros artículos limitaban la enseñanza religiosa, las órdenes monásticas y la posesión de bienes por parte de instituciones religiosas.

Durante varios años, estas disposiciones no fueron aplicadas con la misma severidad en todo el país. La situación cambió con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia en 1924.

Plutarco Elías Calles y la llamada “Ley Calles”

Calles consideraba que el poder de la Iglesia representaba un obstáculo para la consolidación del Estado revolucionario. En 1926 promovió una reforma al Código Penal para imponer sanciones concretas a quienes violaran las disposiciones constitucionales relacionadas con el culto.

La legislación, publicada el 2 de julio de 1926, fue conocida popularmente como Ley Calles. Su nombre oficial era mucho más extenso y se refería a los delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa.

Entre sus disposiciones se encontraban:

• Prohibición de que sacerdotes extranjeros ejercieran el ministerio en México.
• Multas, arrestos y expulsión para quienes infringieran la ley.
• Prohibición de que ministros o corporaciones religiosas dirigieran escuelas primarias.
• Disolución de órdenes monásticas.
• Penas de prisión para ministros que criticaran al Gobierno o incitaran a desconocer sus leyes.
• Prohibición de usar vestimenta religiosa fuera de los templos.
• Clausura de templos que no cumplieran los requisitos de registro.
• Declaración de que templos, seminarios, casas parroquiales y otros edificios religiosos pertenecían a la nación.

La ley no mencionaba exclusivamente a la Iglesia católica: formalmente se refería a cualquier culto. Sin embargo, debido a que el catolicismo era la religión ampliamente mayoritaria y poseía la red religiosa más extensa del país, fue la institución directamente afectada.

¿Era laicidad o persecución religiosa?

Es importante distinguir entre separación Iglesia-Estado y persecución religiosa.

Un Estado laico no establece una religión oficial, no obliga a creer y tampoco permite que una iglesia gobierne sobre quienes no comparten su fe. La laicidad protege la libertad de creyentes y no creyentes.

Pero el Gobierno de Calles fue más allá de la neutralidad. No se limitó a impedir que la Iglesia administrara el Estado, sino que reguló quién podía ser sacerdote, cuántos ministros podían servir, qué podían decir, qué ropa podían utilizar y en qué condiciones podían celebrarse los servicios religiosos.

En algunos estados, las campañas llamadas de “desfanatización” incluyeron clausuras de templos, destrucción de imágenes y la transformación de edificios religiosos para otros usos. En Tabasco, por ejemplo, autoridades promovieron públicamente la quema de crucifijos e imágenes católicas.

Por eso, aunque el Gobierno describía sus acciones como defensa de la Constitución y del Estado secular, millones de creyentes las experimentaron como un ataque directo contra su religión.

La primera respuesta católica fue pacífica

La resistencia católica no comenzó inmediatamente con las armas.

Organizaciones como la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, los Caballeros de Colón y distintas asociaciones femeninas organizaron:

• Recolección de firmas.
• Manifestaciones.
• Publicación de folletos.
• Protestas legales.
• Desobediencia civil.
• Un boicot económico contra productos y servicios asociados con el Gobierno.

Las organizaciones femeninas desempeñaron un papel importante en estas redes. Las mujeres distribuían información, enseñaban catecismo, ayudaban a familias perseguidas, alimentaban prisioneros y organizaban actos de protesta. Con el avance de la guerra, algunas también transportaron mensajes, alimentos, medicinas y armas.

El boicot y las protestas no consiguieron que Calles modificara su política.

La suspensión del culto público

Como respuesta extrema, los obispos mexicanos decidieron suspender el culto público a partir del 31 de julio de 1926.

Los templos cerraron y dejaron de celebrarse públicamente misas, matrimonios, bautismos y otros sacramentos. Para una población profundamente religiosa, aquello produjo un impacto emocional enorme.

El historiador Jean Meyer considera que la experiencia del último día de culto fue una de las causas inmediatas del levantamiento. Numerosos campesinos interpretaron el cierre de las iglesias como una señal de que la práctica de su fe estaba a punto de desaparecer.

La suspensión no significaba necesariamente que todos los obispos desearan una guerra. Dentro del episcopado existían profundas divisiones. Algunos simpatizaban con la resistencia armada; otros la consideraban inútil y preferían negociar una solución política. La mayoría de los 38 obispos mexicanos terminó viviendo fuera del país, por expulsión o por razones de seguridad.

El comienzo de la rebelión

Durante agosto de 1926 comenzaron levantamientos espontáneos en diferentes regiones. La insurrección se extendió especialmente por:

• Jalisco.
• Michoacán.
• Guanajuato.
• Colima.
• Zacatecas.
• Nayarit.
• Durango.

Los combatientes eran conocidos como cristeros. Muchos eran campesinos, pequeños propietarios, jornaleros y habitantes de comunidades rurales donde el sacerdote, el templo y las festividades religiosas constituían el centro de la vida social.

También participaron católicos urbanos, miembros de organizaciones juveniles y antiguos militares. La rebelión no fue creada ni controlada enteramente por los sacerdotes. La mayor parte del clero no tomó las armas, aunque algunos sacerdotes sí se convirtieron en combatientes o dirigentes.

Con el tiempo, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa intentó coordinar los levantamientos y contrató al general Enrique Gorostieta Velarde para dar mayor organización militar al ejército cristero.

¿Quiénes fueron los perseguidores?

Los responsables principales de las políticas represivas fueron:

• El Gobierno federal encabezado por Plutarco Elías Calles.
• La Secretaría de Gobernación.
• El Ejército Federal.
• Autoridades estatales y municipales.
• Fuerzas policiales y agentes de inteligencia.
• Gobernadores radicalmente anticlericales.

Sin embargo, no todas las autoridades actuaron con la misma intensidad. La aplicación dependió de cada estado, gobernador, jefe militar y comunidad.

Entre las prácticas documentadas se encuentran la clausura de templos y escuelas, vigilancia de reuniones religiosas, allanamiento de casas, arresto de dirigentes católicos, expulsión de sacerdotes, confiscación de edificios y ejecuciones de personas acusadas de colaborar con la rebelión.

En determinadas regiones, pueblos considerados simpatizantes de los cristeros fueron bombardeados, saqueados o sometidos a medidas de reconcentración. El Gobierno veía esas comunidades no solo como centros religiosos, sino como bases de una rebelión que amenazaba la estabilidad del régimen.

¿Quiénes fueron los principales afectados?

La represión afectó a distintos grupos.

Sacerdotes y dirigentes religiosos

Muchos sacerdotes tuvieron que abandonar sus parroquias, esconderse o celebrar servicios clandestinamente. Algunos fueron expulsados, encarcelados o ejecutados.

Sin embargo, debe evitarse afirmar que todos los sacerdotes ejecutados eran combatientes. Algunos se oponían a la rebelión armada y fueron perseguidos simplemente por ejercer clandestinamente su ministerio o por ser considerados símbolos de resistencia.

Campesinos y comunidades rurales

Los campesinos constituyeron tanto la mayor parte del ejército cristero como una proporción considerable de las víctimas civiles.

Las comunidades quedaron atrapadas entre los dos bandos. El Ejército podía castigarlas por colaborar con los cristeros, mientras que las guerrillas podían exigir alimentos, dinero, animales, información o refugio.

Mujeres

Las mujeres no fueron únicamente espectadoras. Algunas sostuvieron la vida religiosa clandestina, escondieron sacerdotes, atendieron heridos, sirvieron como mensajeras y transportaron suministros.

Los archivos judiciales muestran que las autoridades llegaron a tratarlas como amenazas para la seguridad nacional. Fueron vigiladas, interrogadas, encarceladas y procesadas por su relación con organizaciones católicas.

Niños y familias

La guerra dejó huérfanos, viudas, familias desplazadas y menores involucrados en ambos bandos. Uno de los casos más conocidos es el de José Luis Sánchez del Río, adolescente que sirvió como abanderado cristero y fue ejecutado después de negarse a renunciar a su fe.

Obispos y organizaciones católicas

La mayoría de los obispos vivía fuera de México durante el conflicto. Las asociaciones católicas sufrieron clausuras, infiltración policial, confiscación de documentos y persecución de sus dirigentes.

La violencia del Gobierno

Las fuerzas gubernamentales cometieron graves abusos. Existen testimonios y documentos sobre:

• Torturas.
• Fusilamientos sin procesos adecuados.
• Profanación o saqueo de templos.
• Ejecución de sacerdotes.
• Castigos colectivos contra pueblos.
• Uso de aviones para bombardear posiciones y comunidades.
• Exhibición de cadáveres para intimidar a la población.
• Persecución de personas que celebraban cultos clandestinos.

El abogado católico Anacleto González Flores, por ejemplo, fue capturado, torturado y ejecutado en 1927. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de la represión gubernamental.

Estos hechos demuestran que la represión no fue simplemente la aplicación neutral de normas civiles. En muchos lugares se convirtió en una campaña violenta contra personas identificadas por su fe o por su cercanía con el movimiento católico.

La violencia de los cristeros

Reconocer la persecución gubernamental no obliga a ocultar los crímenes cometidos por miembros del ejército cristero.

Los cristeros atacaron soldados y autoridades, pero algunos grupos también:

• Incendiaron poblaciones.
• Saquearon comercios y oficinas.
• Destruyeron escuelas.
• Interrumpieron vías ferroviarias y telegráficas.
• Secuestraron o ejecutaron a funcionarios.
• Exigieron dinero y suministros a civiles.
• Mataron a personas acusadas de colaborar con el Gobierno.

Uno de los episodios más graves fue el ataque contra un tren de pasajeros en 1927, asociado con el sacerdote y general cristero José Reyes Vega. Después del combate contra la escolta militar, algunos pasajeros fueron asesinados y los vagones fueron incendiados.

Una investigación publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, basada en archivos militares y civiles, concluye que hubo atrocidades de ambos bandos. Algunos grupos cristeros incendiaron, secuestraron, fusilaron, robaron y asesinaron a quienes no compartían sus ideales.

La defensa de una causa justa no convierte automáticamente en justos todos los medios utilizados para defenderla.

¿Fue una guerra promovida por toda la Iglesia?

No.

La relación entre los cristeros, los obispos y el Vaticano fue complicada.

Algunos obispos apoyaron moralmente a los rebeldes; otros rechazaron la lucha armada. La jerarquía deseaba defender la libertad religiosa, pero también temía perder el control de un movimiento campesino que actuaba con gran autonomía.

Los combatientes esperaban que los obispos no negociaran sin conseguir primero la derogación de las leyes. La jerarquía, en cambio, estaba dispuesta a aceptar una solución práctica que permitiera reabrir los templos, aunque las disposiciones constitucionales continuaran vigentes.

Esta diferencia produciría una profunda sensación de traición entre numerosos cristeros al finalizar la guerra.

Las consecuencias humanas

No existe una cifra definitiva de muertos.

El historiador Jean Meyer estimó alrededor de 90,000 fallecidos, incluyendo combatientes de ambos bandos. Otras estimaciones son mayores, pero pueden incluir muertes relacionadas indirectamente con hambre, enfermedades, desplazamiento y violencia posterior. Por eso, la cifra debe presentarse como una estimación y no como un dato exacto.

La guerra también provocó:

• Destrucción de comunidades.
• Abandono de tierras y cosechas.
• Interrupción del comercio.
• Familias desplazadas.
• Migración hacia otras regiones de México.
• Nuevos refugiados y exiliados en Estados Unidos.
• Radicalización política de comunidades mexicanas en territorio estadounidense.

Miles de migrantes mexicanos organizaron protestas y campañas desde Estados Unidos en apoyo a la causa católica, aunque no todos los inmigrantes respaldaban a los cristeros.

El papel de Estados Unidos

Estados Unidos tuvo una participación ambigua.

El Gobierno estadounidense mantenía relaciones con el Gobierno mexicano y le proporcionaba respaldo político y material. Al mismo tiempo, organizaciones católicas estadounidenses denunciaban la persecución y presionaban para conseguir una solución.

El embajador estadounidense Dwight Morrow se convirtió en uno de los principales intermediarios. También participaron representantes de la Iglesia estadounidense, dirigentes mexicanos y enviados del Vaticano.

Las negociaciones habían comenzado de manera informal antes de 1929, pero fueron interrumpidas o dificultadas por acontecimientos políticos, entre ellos el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en 1928.

Los “arreglos” de 1929

En 1929, el presidente interino Emilio Portes Gil mostró mayor disposición para negociar.

Los principales representantes católicos fueron los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz. Dwight Morrow ayudó a preparar los documentos y facilitar las conversaciones.

El Gobierno declaró que no pretendía destruir la identidad de ninguna iglesia y prometió aplicar las leyes sin prejuicios ni tendencias sectarias. También aceptó que cada iglesia designara a sus propios ministros para efectos del registro.

La jerarquía católica, por su parte, se comprometió a reanudar los servicios religiosos respetando las leyes vigentes.

El Vaticano pidió:

• Amnistía para los combatientes que entregaran las armas.
• Devolución de iglesias, casas parroquiales y episcopales.
• Garantías sobre esa devolución.

El 21 de junio de 1929 se anunciaron los acuerdos y se ordenó la reanudación del culto.

Lo que los arreglos no solucionaron

Los arreglos no derogaron la Constitución de 1917 ni la Ley Calles.

El registro de ministros continuó siendo obligatorio. La enseñanza religiosa permaneció prohibida en las escuelas primarias y muchas restricciones siguieron legalmente vigentes.

En esencia, no se modificó inmediatamente la ley, sino la forma en que el Gobierno prometía aplicarla. La Iglesia aceptó trabajar bajo un nuevo modus vivendi, es decir, una convivencia práctica sin haber resuelto completamente el conflicto jurídico.

Para la jerarquía, la reapertura de los templos evitaba más muertes y permitía restaurar la vida religiosa. Para muchos combatientes, significaba deponer las armas sin haber conseguido aquello por lo que habían luchado.

El general Gorostieta había muerto poco antes de los acuerdos. Los cristeros, sin representación directa en las negociaciones, recibieron la orden de desmovilizarse.

¿Terminó realmente la persecución en 1929?

La guerra principal terminó, pero el conflicto no desapareció.

Durante los años siguientes continuaron ejecuciones, venganzas, hostigamientos y levantamientos regionales. Algunos antiguos cristeros volvieron a las armas durante la llamada Segunda Cristiada, especialmente ante nuevos conflictos relacionados con la educación socialista y las políticas anticlericales de la década de 1930.

Por eso, algunos historiadores estudian el conflicto religioso mexicano dentro de un período más amplio que se extiende hasta 1937 o 1938.

La relación entre la Iglesia y el Estado comenzó a estabilizarse gradualmente, no porque todas las diferencias hubieran desaparecido, sino porque ambas partes aprendieron a convivir sin aplicar de forma absoluta los artículos más conflictivos.

Muchas de las restricciones constitucionales contra las iglesias no fueron reformadas de manera significativa hasta 1992.

Cinco errores frecuentes sobre la Guerra Cristera

1. “Todo comenzó por una sola ley”

La Ley Calles fue el detonante inmediato, pero el conflicto tenía raíces en décadas de enfrentamientos entre liberales, revolucionarios y la Iglesia.

2. “Todos los católicos apoyaron la guerra”

Muchos católicos rechazaron la lucha armada. Incluso entre los obispos existían posiciones diferentes.

3. “La guerra fue dirigida por sacerdotes”

La mayoría de los combatientes eran laicos, principalmente campesinos. La mayoría de los sacerdotes no tomó las armas.

4. “Solo el Gobierno cometió atrocidades”

El Gobierno fue responsable de una política persecutoria y de graves abusos, pero algunos cristeros también cometieron asesinatos, incendios, saqueos y ataques contra civiles.

5. “Los arreglos eliminaron las leyes anticlericales”

Las leyes permanecieron vigentes. Lo que cambió fue su interpretación y aplicación práctica.

La gran lección: ni una Iglesia que controle al Estado ni un Estado que controle la fe

La Guerra Cristera demuestra el peligro de dos extremos.

El primero ocurre cuando una institución religiosa utiliza el poder político para imponer sus creencias sobre toda la población.

El segundo ocurre cuando el Estado, bajo el argumento de defender la laicidad, comienza a decidir quién puede predicar, cuántos ministros pueden servir, qué pueden decir y cómo debe practicarse una religión.

La verdadera libertad religiosa exige que ninguna iglesia gobierne por la fuerza y que ningún Gobierno domine la conciencia.

Los adventistas del séptimo día, que históricamente han defendido la separación entre la Iglesia y el Estado, deben comprender que la libertad religiosa no se defiende solamente cuando nuestra propia denominación es afectada.

También debemos defender la libertad del católico, del evangélico, del judío, del musulmán, del creyente minoritario y de quien decide no profesar ninguna religión.

Defender la libertad religiosa de otra persona no significa aceptar sus doctrinas. Significa reconocer que la conciencia no pertenece al Gobierno ni puede ser sometida mediante multas, amenazas, cárceles o armas.

“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”.
—Hechos 5:29

La Guerra Cristera no debe recordarse para alimentar odios contra el pueblo mexicano, contra los no creyentes o contra quienes defienden un Estado laico.

Debe recordarse para advertir que la separación entre la Iglesia y el Estado solamente funciona cuando protege la conciencia en ambas direcciones:

La Iglesia no debe controlar al Estado y el Estado no debe controlar la fe.